Defensa de funcionarios y particulares en delitos de corrupción. Prevaricación, cohecho y malversación requieren una defensa técnica altamente especializada.
Defensa de autoridades acusadas de dictar resoluciones injustas a sabiendas. Analizamos el expediente administrativo para demostrar la legalidad o el mero error.
Defensa técnica centrada en demostrar que la resolución, aunque anulable, no constituye un delito penal.
Especialización en delitos de prevaricación relacionados con la concesión de licencias o planes urbanísticos ilegales.
Lucha jurídica para evitar la pena de inhabilitación que supone la pérdida de la condición de funcionario de carrera.
Defensa ante la acusación de desviar fondos públicos. Trabajamos para acreditar que no hubo perjuicio al erario o que el destino fue legítimo.
Defensa cuando se acusa de administrar el patrimonio público causando perjuicio, sin apropiación personal.
Estrategias de reparación del daño para obtener atenuantes cualificadas en caso de irregularidades contables.
Coordinación de la defensa penal con el procedimiento de responsabilidad contable ante el Tribunal de Cuentas.
Defensa en casos de sobornos o dádivas. Asistimos tanto al funcionario que recibe (cohecho pasivo) como al particular que ofrece (cohecho activo).
Defensa diferenciada para demostrar que las gestiones realizadas no constituyeron una presión indebida sobre el funcionario.
Delimitación legal entre la cortesía social permitida y la retribución delictiva por un acto administrativo.
Defensa en el ámbito privado cuando se alteran las reglas de la competencia mediante sobornos entre empresas.
Estudio Personalizado
Solución a medida.
Agilidad Telemática
Aceleramos plazos de resolución.
Representación Completa
Procedimientos completos y seguros.
Alto Índice de Éxito
Rigor en la preparación de expedientes.